jueves, 10 de mayo de 2018

La izquierda y el orden


Artículo publicado el 26/04/2018 en: http://www.elindependientedegranada.es/politica/izquierda-orden
El concepto de orden ha estado alejado del cuerpo teórico de la izquierda y de sus respectivos debates al menos desde las últimas décadas. Tanto es así que genera un rechazo automático, y lo cierto es que hay razones comprensibles para ello. Una especialmente importante tiene que ver con el papel de oposición crítica al que quedó relegada la izquierda tras la desaparición del socialismo como alternativa en el imaginario colectivo de las clases trabajadoras. De manera injustamente resumida, o fue integrada en su intento de gestión moderadamente diferenciada (con relativo margen de maniobra en los ciclos económicos expansivos) o quedó arrinconada en una autocomplaciente posición de mero azote moral contra las injusticias y los excesos del sistema.
Cuando Íñigo Errejón volvió a la primera línea política lo hizo con el concepto de orden como la clave de bóveda de su estrategia. Estas últimas semanas se han producido debates interesantes pero que, en su mayoría, no iban más allá de la adhesión a dicha estrategia o de las reticencias a un concepto sentido como ajeno. Sin embargo, el estudio del concepto de orden desde la izquierda ni es un invento innovador de Errejón ni tiene una lectura unívoca, en este caso desde una posición populista (laclausiana).
Recordemos que Manuel Sacristán, probablemente el marxista español de mayor fuste y uno de los grandes estudiosos de Gramsci, tituló la biografía del maltrecho sardo El orden y el tiempo. Baste con acudir al título del periódico en torno al cual se organizaría posteriormente el núcleo dirigente italiano: El Orden Nuevo. A un siglo de su fundación, sorprende el escándalo en torno a dicho concepto, más allá de las lecturas y de las propuestas que de él se saquen.
Partimos de un análisis obvio. En los estados desarrollados no es posible realizar choques frontales como los que dieron lugar a las imágenes más épicas de las revoluciones del siglo pasado, con la toma del Palacio de Invierno como máximo exponente. Los estados son mucho más sólidos y por lo tanto más resistentes a las grandes crisis, sean económicas o de cualquier tipo. Dicho de otra manera: salvo que se produzca un cataclismo nuclear o una guerra mundial que devaste el planeta, no se producirá algo parecido a una revolución que organice un orden nuevo desde cero (sin contradicciones). Todo orden nuevo empieza a construirse dentro del viejo orden y además con el material que el capitalismo nos deja por herencia, no con el que a nosotros nos gustaría. Hay un hilo rojo izquierdista que une esta incomprensión, de las reticencias bordigianas hacia los consejos de fábrica a la desconfianza con el movimiento feminista pasando por el 15M.
El error del izquierdismo estriba en una visión teleológica de los tiempos históricos que en última instancia se traduce en la inhibición del movimiento real y en el desprecio por las luchas concretas y los objetivos intermedios. Y lo más importante: en un análisis muy restringido del Estado. Un Estado capitalista desarrollado no es solo el conjunto de instituciones políticas, administrativas y coercitivas, también es el conjunto de la sociedad civil que abarca todos los espacios en los cuales se reproduce consenso (la visión del mundo y de «las cosas») desde la perspectiva de los que mandan, casi siempre de manera falsamente «neutral». En estas condiciones, solo cabe la posibilidad de ir penetrando trabajosamente en todos los espacios ocupados por el adversario, tejiendo amplias alianzas y elevando las reivindicaciones corporativas a un plano «universal».
Lejos de lo que pudiera parecer a simple vista, el izquierdismo comparte varios errores con los la socialdemocracia y el populismo de izquierdas, y quizá el más importante tenga que ver con el análisis del Estado. Por una parte, el primero entiende el Estado únicamente como la «sociedad política» (el conjunto de instituciones políticas, administrativas y coercitivas), por lo que cree que el Estado «se toma» o incluso «se coge» como si fuera una cosa. Por otra parte, la socialdemocracia y el populismo hacen una distinción mecánica de la sociedad política y la sociedad civil, lo que provoca entre otras cosas la ruptura con el amarre de clase. Ambas lecturas impiden dar la batalla integral en todos los frentes, ya que el Estado (y el «poder») es la relación dialéctica, compleja y a veces contradictoria de la sociedad política y la sociedad civil: una correlación de fuerzas y poderes dispersos (sin que esto reste importancia al poder del capital financiero, por poner un ejemplo).
Por un lado, sin las reservas suficientes de consenso en la sociedad civil cualquier intento de «tomar el Estado» en un choque frontal (guerra de maniobras) sería un ridículo suicidio. Por otro, volcar todos los esfuerzos únicamente en la conquista de las instituciones supondría el inicio de un camino  hacia la integración que mencionábamos al principio, con independencia de la beligerancia retórica con la que se recorra dicho camino. La imprescindible conquista de las instituciones será insuficiente si no va acompañada de la conquista de espacios de la sociedad civil en el más amplio de los sentidos, máxime en un contexto de vaciamiento de soberanía en aras de las instituciones supranacionales y del capital internacional.
La imprescindible lucha por las instituciones debe ir acompañada de la articulación de sociedad civil: alianzas sociales, organización del conflicto, construcción de comunidad y de espacios de socialización propios, elevación del sentido común y una lista formidable de tareas ineludibles para ir construyendo un orden nuevo. Si estas tareas se eluden, ese equilibrio  dialéctico entre un pie dentro y otro fuera del viejo orden acaba decantándose hacia la integración, que en la metáfora del propio Errejón en el prólogo a Contra el elitismo. Gramsci: Manual de uso de Sánchez y Laurrauri, significaría tener los dos pies dentro.
Se puede hablar de orden desde distintas perspectivas estratégicas. La visión más gramsciana tiene que ver con el concepto de guerra de posiciones: una visión de la política como lucha permanente por la hegemonía y por tanto de la necesidad de la expansión política por toda la sociedad, aunando todos los problemas generales del bloque social amplio y elevando sus intereses en «universales». Partiendo del análisis más complejo del Estado, se trataría de ir construyendo un nuevo orden alternativo: el bosquejo de la nueva sociedad que queremos, asumiendo las contradicciones inherentes pero protegiéndonos permanentemente ante el riesgo de mimetización con lo existente. Como casi todo, no se trata principalmente de una cuestión de voluntad, sino de la existencia de contrapesos sociales. Algunas experiencias institucionales sirven de ejemplo.
Por otra parte, puede existir la tentación de entender el orden como el remedio ante los excesos del sistema, entendidos como desórdenes originados por una mala gestión. Desde esta perspectiva, se trataría de una restauración hacia el orden primigenio que, esta vez sí, desde una buena gestión garantizaría los derechos políticos, económicos, democráticos y sociales para la mayoría. Sin embargo, esta tentación debería tener en cuenta algunos aspectos importantes como por ejemplo las limitaciones de las instituciones (entre otras cuestiones por su naturaleza de clase) o la debilidad de éstas ante la superación de un pacto constitucional que no volverá. Las oligarquías lo entendieron perfectamente e iniciaron su proceso de cambio por arriba hacia un nuevo país más reaccionario. Aspirar al regreso a una etapa superada, además de un ejercicio poco dialéctico sería una buena manera de caer en la nostalgia paralizante. Por ello, la construcción de un orden nuevo solo se puede impulsar desde una perspectiva nítidamente constituyente.

lunes, 18 de diciembre de 2017

Ante los límites institucionales: Unidad Popular

Artículo publicado el 18 de diciembre de 2017 en:

http://www.elindependientedegranada.es/politica/limites-institucionales-unidad-popular

La victoria de Ahora Madrid representó el hito político más importante cosechado por el llamado «espacio del cambio» en las pasadas elecciones municipales. En un momento de ofensiva popular, la participación ciudadana hacía de la confluencia una organización social de encuentro que superaba la suma entre las organizaciones políticas existentes. Se dirigía con éxito del «no nos representan» al «sí se puede» y se conquistaba el Gobierno nada más y nada menos que de la capital del país. Se producía una victoria imposible de imaginar tan sólo cinco años antes, frente a un PP que había hecho de la corrupción un sistema de gobierno.

Dos años después, la cesión de Carlos Sánchez Mato evidencia los límites, las contradicciones y los problemas que afronta el «espacio del cambio», no sólo –ni principalmente– de cara a las siguientes elecciones, sino en la construcción de una alternativa sólida frente al proyecto de recomposición de las élites. Éstas están dirigiendo con éxito, aprovechando la cuestión territorial, una contraofensiva «deconstituyente» hacia un nuevo país más autoritario en el que los Ayuntamientos tendrán un papel meramente testimonial. Se trata de imponer el relato de que no hay alternativa. La modificación del artículo 135 nos convirtió en un país intervenido, cediendo nuestra soberanía (ya de por sí exigua) al Banco Central Europeo y a los bancos alemanes. Si las instituciones arrastraban limitaciones por su propia naturaleza, desde 2011 los recortes y los rescates financieros con el dinero de la mayoría social se hicieron ley. Se constitucionalizó el neoliberalismo.

Sin lugar a dudas el contexto actual está atravesado por una tendencia negativa que va más allá de la coyuntura y de las particularidades propias de Madrid. Se trata, entre otros factores, del desencanto inherente a todo proceso de institucionalización en el que, además, nada ni nadie escapa a una correlación de fuerzas impuesta. Más allá de cuestiones morales que en cada lugar aparecerán en momentos y formas distintas atormentándonos como el pajarraco pesado de Pasolini, nuestra virtud política dependerá de la capacidad para superar contradicciones y conquistar –o mantener– posiciones. No hay varita mágica ni fórmula exportable, si acaso la asunción de un análisis más amplio: en un contexto de previsible reflujo, debemos convertir nuestros ayuntamientos en trincheras. Revalidar los actuales gobiernos municipales es una conditio sine qua non para consolidar el «bloque del cambio», sin embargo no se trata de una pelea situada estrictamente en el plano electoral.

A pesar de las limitaciones anteriormente descritas, las instituciones son herramientas fundamentales en tanto en cuanto tienen la capacidad para contribuir en la construcción de tejido social, espacios de socialización, contrapoder ciudadano y, en última instancia, modos de vida alternativos. Se trata de un trabajo tedioso, poco gratificante y sin traslación electoral mecánica, pero imprescindible para articular una sociedad civil organizada sin la cual no se podrán resistir los envites de las oligarquías económicas y sus brazos políticos. Uno de los riesgos de quedarse atrapado en las dinámicas propias de las instituciones consiste en no valorar en su justa medida esta necesidad que, a día de hoy, no ha sido rebatida al menos para quienes aspiramos a algo más que la «buena gestión» en términos tecnocráticos, es decir neoliberales.


Ante los límites, las contradicciones y los problemas que afronta el «espacio del cambio» apostamos por la Unidad Popular, conscientes de que ésta no es una coalición entre distintos partidos, sino la alianza de esa clase trabajadora fragmentada y diversa que eleva sus reivindicaciones propias apostando por un proyecto común. Dicha alianza no será armónica, sino conflictiva, compleja, y sólo se desarrollará dialécticamente en el conflicto, desde abajo y a través de la participación colectiva. Somos conscientes de que la movilización permanente es imposible, máxime en un contexto de reflujo y precariedad. De lo que se trata es de construir el mayor número posible de espacios de organización social, también –y especialmente– aquellos en apariencia apolíticos. Este es uno de los grandes retos estratégicos que afrontamos desde las confluencias y que sólo asumiremos si nos desprendemos de una visión institucionalista de la política. La Unidad Popular debe llevar la política de las instituciones a los barrios y viceversa, ya que cuando queda enclaustrada en el plano institucional acaba convirtiéndose en «el arte de lo posible»: la muerte de la alternativa. Y hay alternativa.

Los Ayuntamientos, última trinchera

Artículo publicado el 2 de diciembre de 2017 en:
http://www.elindependientedegranada.es/politica/ayuntamientos-ultima-trinchera
Con la derrota del nazifascismo en la II Guerra Mundial comenzaron los 30 gloriosos años del capitalismo. Las élites económicas y políticas europeas asumían la necesidad de un reparto relativamente generoso del pastel para apaciguar tentativas revolucionarias. En el escenario internacional, la Unión Soviética todavía representaba una alternativa en el imaginario colectivo. En el plano interno, las organizaciones de izquierda se nutrían de una clase obrera socialmente organizada y de unos sindicatos con la fuerza suficiente para tutear a la patronal.
El neoliberalismo fue una salida a la crisis de los años 70. Las élites económicas internacionales dirigidas en el ámbito político por Ronald Reagan y Margaret Thatcher iniciaron una ofensiva para liquidar el pacto social de los años dorados. Una vez estabilizado el escenario internacional y descabezada políticamente a la clase trabajadora a través de la integración, el miedo a la revolución se esfumaba y con él la necesidad de un reparto generoso de los recursos. En España los franquistas «desarrollistas» seguían obsesionados por avanzar hacia «un país de propietarios en vez de proletarios», por el surgimiento de una clase media advenediza sin aspiraciones rupturistas.
Con el neoliberalismo se impusieron políticas de desregulación que se tradujeron en carta libre para el capital sin ningún contrapeso social, institucional o jurídico. El tejido productivo mutó y la estratificación social se hizo cada más compleja, dificultando a los trabajadores su ubicación en el trabajo y en la sociedad; dificultando, en última instancia, su proceso de concienciación. Se empezaron a mercantilizar todos y cada uno de nuestros ámbitos de vida. La lógica de la maximización del beneficio se imponía a cualquier otro criterio como los Derechos Humanos o el constitucionalismo social de posguerra.
El neoliberalismo suele ser asociado con el proceso de desregulación, financiarización y globalización de la economía que, desde los años 70 hasta el día de hoy, supone un trasvase del dinero de los bolsillos de la clase trabajadora y los sectores populares a los bolsillos de las élites económicas. Siendo esta asociación rigurosamente cierta, es incompleta ya que no tiene en cuenta su capacidad para imponer un modo de vida y una particular visión del mundo. Sin infravalorar la incuestionable concentración de riqueza en un número de manos cada vez más reducido, el verdadero éxito del neoliberalismo ha consistido en la desarticulación ideológica, cultural y socialmente de la clase trabajadora y los sectores populares.
El posfordismo y la llamada flexiseguridad acabaron con la identidad de clase. Quien cambia de trabajo cada seis meses y vive de manera precaria no sólo tiene dificultades para organizarse y luchar por sus derechos, también tiene dificultades para desarrollar una identidad y una solidaridad siquiera corporativas. Al mismo tiempo, la mercantilización de la que nada ni nadie es ajeno se cobró, entre otras, una importancia pieza: el concepto de comunidad. Nos volvimos individualistas y hasta las cenas familiares se convirtieron en un mero trámite –cuando no un suplicio– en nuestra rutina virtual.
El tejido social construido durante décadas fue desmantelándose hasta la desmembración total. Las asociaciones de vecinos, culturales, sindicales, etc. perdieron protagonismo dejando en algunos casos al equipo de fútbol como única referencia de pertenencia comunitaria y al bar como único espacio de socialización (ambos espacios significativamente masculinizados). Semejante desarticulación de la sociedad civil no puede ser obviada cuando se hace un análisis del escenario político especialmente a nivel municipal. Es en la sociedad civil donde se produce la lucha ideológica y cultural que acaba definiendo el panorama político-electoral.
Esto nos lleva a entender la política como una lucha permanente por la hegemonía en la que resulta fundamental construir trincheras y espacios de socialización de todo tipo, ya que en los espacios aparentemente neutrales también se reproduce ideología y se genera consenso. La hegemonía, pues, se resume en toda una visión del mundo, difícil de circunscribir en términos electorales.
Los Ayuntamientos son una pieza fundamental para cualquier salida democrática a la crisis. El principio de subsidiariedad, el contacto directo y la cercanía con los vecinos hacen de éstos una herramienta privilegiada para construir comunidad y tejido social. Las élites económicas y políticas lo entendieron en la Transición y demuestran, artículo 135 de la Constitución en mano, que lo siguen entendiendo. Para éstas es fundamental que ningún Ayuntamiento demuestre que se puede gobernar de otra manera aún sin autonomía financiera real. Y es fundamental, a pesar de tener una incidencia económica insignificante si aspiramos a que devuelvan lo robado, ya que tienen la capacidad para ayudar a la construcción de una sociedad civil organizada en la que la ciudadanía sea partícipe de su propio destino.
En un contexto de reflujo en el que peligra lo conquistado hasta ahora desde el ciclo de movilizaciones inaugurado en 2010, la preservación de los actuales y la conquista de nuevos Ayuntamientos se convierten en dos objetivos fundamentales. Para ello es necesario recuperar el espíritu de las confluencias exitosas de 2015 que nos permitieron conquistar las principales ciudades del país. Ese espíritu de desborde que hizo de las confluencias algo más profundo que una mera coalición electoral entre distintas organizaciones políticas. La agudización de las contradicciones del capitalismo hace que una mayoría social con distintas sensibilidades ideológicas y no adscrita a ninguna organización política comparta intereses objetivos. A esa mayoría social compleja, diversa y fragmentada debemos tender la mano.
El objetivo estratégico es la alianza de distintas clases y sectores sociales que superen sus visiones corporativas en aras de un proyecto ético-político conjunto que se concrete en una visión del mundo propia y autónoma. Aspiramos a la construcción de un bloque histórico que dispute la hegemonía. Las confluencias son condición insuficiente pero necesaria siempre que se enmarquen dentro de una perspectiva estratégica más amplia para no caer en posiciones electoralistas. Debemos conquistar los Ayuntamientos, no para hacer lo mismo que los de siempre pero sin corbata sino para construir un nuevo modo de vida que genere al mismo tiempo una nueva visión del mundo frente al individualismo, el consumismo y la mercantilización. Que nos permita articularnos ideológica, cultural y socialmente.

Debemos conquistar los Ayuntamientos no sólo ni principalmente para demostrar que somos mejores gestores que ellos, sino para construir comunidad, barrio, pueblo, clase.

La Constitución del 78 ya no existe: por un Proceso Constituyente desde abajo

Artículo publicado el 11 de noviembre de 2017 en:

http://www.elindependientedegranada.es/politica/constitucion-78-ya-no-existe-proceso-constituyente-abajo

Las redes sociales recogieron con indignación lo que identificaron como una nueva aplicación, en otro ámbito, del artículo 155: la noticia de la intervención del Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, y asumiendo que el mensaje que se manda es similar, estamos ante una rigurosa aplicación del artículo 135. No es cualquier cosa. Si fuéramos capaces de resistir a un ajetreo mediático siempre subordinado al interés inmediato podríamos elevar la mirada y ver el bosque en su plenitud. Conforme gana terreno la retórica constitucionalista más se evidencia por la vía de los hechos que la Constitución ha muerto. Para ser más exactos, la han matado. Y no han sido las clases populares empobrecidas por la crisis en un arrebato revolucionario sino la oligarquía económica y las élites políticas que, paradójicamente, más cómodas se sienten parapetándose detrás de la Constitución e imponiendo el marco jurídico en los debates sobre la crisis de Estado. Ante esta realidad caben principalmente tres opciones: 1)sumarnos a la reforma dirigida desde arriba hacía un Estado centralista y autoritario en marcha desde hace años; 2) añorar un escenario precrisis que no volverá, quedándonos en la mera denuncia o; 3) apostar por un Proceso Constituyente que asuma las tareas históricas de España en clave popular y democrática.

Los orígenes de la ruptura del pacto social

El Tratado de Maastricht materializó «el fin de las ideologías»: en el momento en el que desapareció cualquier tipo de alternativa ya no era necesaria la integración de determinadas capas sociales, en tanto en cuanto el peligro de la revolución –por inofensivo que fuera– se desvaneció. Maastricht fue una cesión de soberanía y sentó las bases para una Unión Europea de dos velocidades desvalijando el tejido productivo de los países del sur. En 1996 Julio Anguita denunció la ruptura del pacto social recogido en la Constitución: eran la oligarquía económica y el bipartidismo servil quienes incumplían la legalidad, la Constitución, el Estado social, democrático y de derecho. Eran ellos los que incumplían lo que se definía de una manera un tanto simplista como «legalidad burguesa» (como si en ella no se recogieran conquistas del movimiento obrero). Un año más tarde, el 14 de enero de 1997 para ser más exactos, Anguita escribió en un artículo para El Mundo titulado Autistas: «Maastricht, sus Criterios de Convergencia y el Pacto de Estabilidad no son sino un gigantesco acto de planificación burocrática en el que como hecho incuestionable y vertebrador de la Unión Europea aparece la constitucionalización del déficit».

El proceso «deconstituyente»

En mayo de 2010 Zapatero obedece la orden de Trichet, por entonces Presidente del Banco Central Europeo, y aprueba el mayor recorte social desde 1978. Un año más tarde se «constitucionaliza el déficit» a través del artículo 135 y España queda, de facto, intervenida por la Troika. La Constitución formal, hoy en primera plana, queda insultantemente disuelta por la Constitución material representada por el poder real que dirige el país: el capital financiero internacional, el Banco Central Europeo, los bancos alemanes y, luego, las élites económicas españolas que gobiernan al Gobierno. Más que para una protesta tan legítima como previsible, este recorrido puede servir para afinar el análisis y situar más correctamente el actual debate.

Desde 2010, mientras debatíamos si reclamar la vuelta al pacto social roto o apostar por un proceso constituyente, los poderes fácticos y el bipartidismo iniciaban su particular proceso «deconstituyente». Eran plenamente conscientes de que ya estábamos en un nuevo escenario y no se volvería atrás: iniciaron un proceso de cambio por arriba. El 15M fue una respuesta popular y la evidencia de que estábamos en un auténtico momento de excepción. Mientras nosotros estábamos pensando en el color de las paredes, la casa ya no estaba ahí. Pero esa es ya otra historia.
La crisis de régimen

La Transición fue exitosa en tanto en cuanto logró afianzar una serie de consensos que permitieron la estabilidad del régimen durante casi cuatro décadas. La monarquía, el bipartidismo, la esperanza de ascenso social de las llamadas clases medias, la integración de las burguesías vasca y catalana… No de manera mecánica o determinista, pero la crisis abrió una brecha sin la cual no se pueden entender ni los cinco millones de votos a Unidos Podemos ni la ruptura del modelo territorial. Quienes gobernaban ya no podían gobernar como antes y quienes eran gobernados no querían ser gobernados como antes.
Durante todo el ciclo de crisis la pugna real ha sido y sigue siendo entre restauración y ruptura democrática. Restauración no para volver a una situación precrisis sino para dirigir una salida que cargue sobre las espaldas de las clases populares los costes de una crisis que no han provocado ellas y evitar cualquier avance democrático. Salvo que seamos capaces de redirigir la «cuestión territorial» en otros parámetros, ésta puede ser la coartada idónea para un cierre por arriba del bloque monárquico-restaurador que –esto es seguro– iría más allá de la cuestión territorial: amenaza permanente del 155 y del 135, reabsorción en clave centralista de las competencias autonómicas, ley electoral con efectos mayoritarios, blindaje de las políticas económicas de rescate del sector financiero…

Nostalgia o Proceso Constituyente

Las constituciones son el resultado de una correlación de fuerzas concreta e histórica. En la Transición, la oposición democrática renunció a casi todo a cambio de un pacto social que garantizara, aún con innumerables limitaciones, la integración lo más amplia posible de los sectores populares. Esa correlación de fuerzas –o de debilidades– desde el inicio de la crisis es distinta. Pedir una especie de regreso a un escenario precrisis es como pedir el derecho de autodeterminación en abstracto: todos los derechos sociales y democráticos aparte de ser el resultado de una correlación de fuerzas determinada se ejercen en contextos históricos concretos. Si nos quedamos en el simple lamento de la ruptura del pacto social quedaremos paralizados, incapaces de dar respuestas.
El Proceso Constituyente es una apuesta seria, justa y necesaria. Es el resultado de un análisis riguroso y de una estrategia valiente: llevar la política de las instituciones a los barrios populares y hacer partícipe al pueblo de su propio destino. Precisamente por esto, debemos desarrollarla de manera cuidadosamente pedagógica. Debe ser lo contrario de una propuesta maximalista, es decir de una propuesta fruto de la desesperación política (ante la guerra de banderas, por ejemplo). Para ello debemos romper el marco jurídico-constitucionalista en el que el bloque monárquico-restaurador se siente especialmente cómodo situando al «bloque del cambio» en el campo independentista o, de forma más general, en el campo amenazante del statu quo constitucional. Expliquemos que han sido ellos quienes se han cargado la Constitución y los consensos que de ésta derivaban, no para quedarnos en una inocente defensa de una Constitución que ya no existe, sino para legitimar un Proceso Constituyente que debe basarse en amplias alianzas sociales y políticas.

Tengamos en cuenta esta advertencia de Togliatti, ponente de la avanzada Constitución italiana de 1948, en plena Asamblea Constituyente (Sesión LVIII, 11 de marzo de 1947): «¿Por qué hacemos una Constitución nueva? Sólo si podemos dar a los interrogantes que se plantean en este momento, no sólo a nosotros, sino a todo el pueblo, una respuesta exacta y concreta, sólo entonces conseguiremos dar una orientación justa a las soluciones de orden constitucional, como a los que se refieren a las particulares y concretas cuestiones que encontraremos en el transcurso de la discusión de todo el proyecto». Apostar por el Proceso Constituyente es impugnar el tablero político actual: no queremos que las élites enfrenten a pueblos distintos con similares necesidades económicas y sociales, pero tampoco queremos delegar nuestro destino en la capacidad más o menos dialogante de esas mismas élites.

domingo, 29 de octubre de 2017

El reto histórico de la izquierda ante la crisis de Estado: construir un proyecto de España



En ese intento permanente de ver desde los ojos del otro, imagino que la reacción del PP y Ciudadanos ante la declaración unilateral de independencia será parecida a la celebración de un gol de España. En este caso de lo que ellos entienden como España. ¿Por qué, si "España se rompe", o al menos su modelo territorial, son los senadores del PP quienes más contentos están? Aunque parezca obvio hay que repetirlo: mientras el eje social sea tapado por el eje nacional aquí hay poco que hacer.

El pujolismo fue por encima de todo un proceso ideológico exitoso: construyó una visión transversal de Cataluña desde una especie de complejo de superioridad. Una parte de la izquierda catalana asumió el relato, probablemente sin darse cuenta, y dedicó muy poco tiempo a intentar estrechar lazos con el pueblo español. De ese complejo de superioridad surgió algún insulto de carácter etnicista, algo que los andaluces nunca entendimos: el andalucismo, engarzado de manera profunda con la cuestión social, siempre fue un instrumento contra los privilegiados, de ahí que a la derecha que se reconoce como tal se le resista. Monedero dijo hace semanas que algo habrá hecho mal el independentismo para tener tan pocos apoyos fuera de Cataluña: lo lincharon. Garzón hizo un análisis mínimamente materialista de las contradicciones en el proceso: lo lincharon.



Que los independentistas se atrevan a poco menos que a marcar nuestras posiciones al mismo tiempo que el bloque monárquico-restaurador intenta colocarnos en el campo independentista por no compartir una estrategia autoritaria y fracasada, es el reflejo de una ausencia de proyecto de España. Hay razones históricas que justifican dicha ausencia: la llegada tardía del marxismo (de ahí la impronta del anarquismo), la imposición de una determinada idea de España por parte de los franquistas desde 1939 y las dificultades para pensar que tuvieron las mejores cabezas durante 40 años de dictadura. No existe un "marxismo español" y no existe un análisis riguroso más o menos compartido de la "cuestión nacional". Una izquierda que no tiene una posición clara, nítida, respecto al Estado es una izquierda "divagante", probablemente capaz de defender como nadie los derechos del atún rojo pero incapaz de poner encima de la mesa un proyecto de país que al menos sea escuchado por las clases populares.


La política no es una lucha por el voto, por las instituciones o el gobierno: es una lucha permanente por la hegemonía. Ésta, resumida como "visión del mundo", aquí y ahora se concreta en una visión de España. Partiendo de nuestras particularidades, a mí no se me ocurre otra cosa que no sea un proyecto plurinacional-popular. Pero para algo tan serio debemos tener capacidad para estrechar alianzas. Dicho de manera simplista: sin una alianza entre el pueblo catalán y el pueblo andaluz no hay salida. No podemos renunciar a construir fuera de Cataluña. No podemos renunciar a España. Togliatti dedicó sus 30 años como Secretario General a intentar una alianza por la base con los democristianos, consciente de que en Italia el proyecto nacional-popular estaba atravesado por dos contradicciones: la cuestión meridional (un norte industrializado y un sur agrario) y la cuestión vaticana-religiosa. Los campesinos católicos que votaban a la derecha eran igual de necesarios que los obreros turineses afiliados al PCI. El objetivo era nada más y nada menos que la unidad nacional.


En 1964 el debate entre Fernando Claudín y Santiago Carrillo dio como resultado la expulsión de los dos "intelectuales con cabeza de chorlito" que hicieron un análisis más preciso del desarrollo capitalista bajo el franquismo. Ahí se perdió mucho. A diferencia de la mayoría nucleada en torno a Carrillo, Claudín defendía que bajo el franquismo se estaba produciendo un desarrollo económico que permitía la integración de distintos sectores sociales y, por ésta entre otras razones, el franquismo no iba a culminar en una "crisis nacional revolucionaria". El capital monopolista podría dotarse de formas más o menos democráticas. No sé en qué año, pero cuenta la leyenda que Franco corrigió a un diplomático estadounidense frente al Valle de los Caídos: su verdadero monumento era la "clase media". Esa clase media advenediza, asustadiza, que surgió al calor del desarrollismo y lejos de brindar con champán cuando murió el dictador, se escondió debajo de la mesa.


El 15M rompió en buena medida esa aspiración de acenso social de las autoubicadas clases medias: ahí entendió Pablo Iglesias que hacer política en España consiste en hacer política para las clases medias. Pero no tardaría siquiera un año para darse cuenta de que no sólo era insuficiente sino que no podía ser el eje central de una acción política realmente transformadora. Ahí sigue estando el quid de la cuestión: cómo recoger la frustración de las clases medias, normalmente ilustradas, sin renunciar a las clases populares, con sus propias contradicciones. Cómo ser profundamente demócrata desde una perspectiva republicana, apoyando el referéndum pactado y al mismo tiempo luchando contra cualquier intento de confederalización del norte y regionalización del sur. Recoger el descontento urbano en las grandes ciudades sin renunciar a las zonas rurales, a los pueblos pequeños, los cuales representan cerca del 90% de los más de 8.000 municipios españoles.


La cuestión federal en España está atravesada por dos cuestiones fundamentales: el cuidado primoroso de las particularidades históricas, culturales, etc. de las naciones por un lado y, por otro, el reequilibrio territorial en términos económicos y sociales. Ésa debería ser la tarea histórica de la izquierda ante la crisis de Estado: la unidad, en positivo, en la diversidad, en términos democráticos, económicos y sociales, de España. La unidad del pueblo español en la búsqueda de su verdadera soberanía en –no lo olvidemos– un contexto geopolítico concreto: la Unión Europea alemana. Una República Federal y Solidaria que construya valores cívicos: igualdad, fraternidad, solidaridad. En el actual contexto, dicha propuesta presentada de forma "transversal" (es decir, que no se base principalmente ni en el rechazo a la monarquía ni en la memoria histórica; y no por ello se debe renunciar a ésta) puede abrirse paso ante el agotamiento de la Constitución, la muerte del Estado de las Autonomías y el enquistamiento de las posiciones de Rajoy y Puigdemont. Mirar atrás para proponer una especie de regreso a la situación precrisis sería inútil. Fueron las élites económicas y el bipartidismo servil quienes iniciaron su particular proceso “deconstituyente” a partir de mayo de 2010. Propongamos nosotros un verdadero Proceso Constituyente.


Ahora mismo el bloque monárquico-restaurador celebra el gol de esa España que cabe en una caja de zapatos. El choque de trenes genera frustración, resentimiento y odio. El franquismo sociológico, a veces soterrado, sale a flote. Se saca la bandera contra el otro, contra cualquier posible avance democrático (matrimonio gay, aborto, etc.). Como advertía Bertolt Brecht, lo malo de un nacionalista es que vuelve nacionalista al que tiene enfrente. Es un escenario complicado para la Política con mayúscula. Sin embargo, si construimos en positivo, sin complejos, nuestro proyecto plurinacional-popular en forma de republicanismo federal puede ir abriéndose paso ante el enquistamiento que hoy refuerza las posiciones más reaccionarias. No hablamos de una lucha por significantes vacíos, hablamos de algo mucho más importante: una lucha por el alma de las clases trabajadoras españolas que a día de hoy no entienden nuestra posición. Sin inhibirnos del movimiento, pero con altura de miras, con perspectiva estratégica, esto es, sin caer en reducciones «subjetivistas» que desatiendan los procesos estructurales de fondo. Defendamos los derechos democráticos con la misma vehemencia con que condenamos cualquier tentativa represora del bloque monárquico-restaurador: construyamos, al mismo tiempo, nuestro proyecto republicano y federal de España.

martes, 3 de octubre de 2017

Cataluña: una brecha en la crisis de régimen


No fueron pocas las voces que dieron por terminada la crisis de régimen tras el 26J. El regreso triunfante de Rajoy a la Moncloa, esta vez auspiciado por el PSOE y Ciudadanos, sugería cerrar un ciclo de incertidumbre en el que parecía que las cosas, esta vez sí, podían cambiar. Los argumentos eran parecidos a los usados por quienes infravaloraron el 15M antes, durante y especialmente después de la mayoría absoluta del PP en 2011. Una mirada corta centrada en el plano electoral-institucional. Como si la crisis económica y la posterior crisis de hegemonía tuvieran una traslación política inmediata y obligatoriamente en una dirección emancipadora.

Con la crisis económica se fueron disgregando dos piezas fundamentales del bloque histórico de poder en torno al cual se ha estructurado el llamado régimen del 78. Se rompió uno de los consensos principales que garantizaban su estabilidad: la esperanza de ascenso social de las autoubicadas clases medias. A los padres de la generación de la Transición se les dijo que sus sacrificios valían la pena porque sus hijos vivirían ostensiblemente mejor que ellos; a los hijos se les dijo que si estudiaban vivirían mejor que sus padres. Sin embargo, el ascensor social se rompió y esa generación calificada como la más preparada de la historia –supongo que en términos académicos– vio mermadas sus expectativas. El concepto de clase media es una construcción ideológica; más que de un análisis sociológico riguroso parte de una permanente aspiración. No obstante, la –modesta– extensión del Estado de bienestar dio algo de sentido a dicha aspiración y convirtió a esas autoubicadas clases medias no sólo en un actor político fundamental, sino también en un campo de batalla.

Especialmente en los primeros pasos del 15M se apreciaba en algunos sectores un reclamo egoísta-pasional que consistía básicamente en pedir lo que cada uno entendía como «lo suyo». Luego se produjeron reivindicaciones sectoriales («lo mío y lo de los míos») y queda pendiente, todavía, unificar y elevar las luchas a un plano «universal». En cualquier caso, más allá de algunos repliegues conservadores los representantes políticos del poder económico han perdido la legitimidad para una parte importante de esas clases medias que ya no creen en lo que antes creían. Pensar que con una cierta estabilidad política-institucional se impondrá una nueva normalidad significa confiar más en un sistema económico incompatible con los derechos sociales más básicos que en la mayoría social. A pesar de una maquinaria de propaganda nada desdeñable las condiciones económicas y materiales de los sectores populares seguirán empobreciéndose (a no ser que los dirigentes del PP tengan razón). Estas condiciones no determinan nada al menos desde el asesinato de Rosa Luxemburgo en 1919, pero sí garantizan la posibilidad de dar la batalla más allá del plano institucional-parlamentario.

Las clases dominantes han tenido históricamente un proyecto de país bien definido. La alianza de las oligarquías españolas (oligarquías castellano-manchegas, aristócratas andaluces…) con las burguesías catalana y vasca ha nucleado de manera exitosa durante demasiado tiempo el bloque histórico de poder en España. La crisis catalana evidencia que dicha alianza parece romperse. Estamos ante un proceso transversal, complejo social, cultural y políticamente, pero parece evidente que la burguesía catalana busca su propio espacio de competición en un contexto económico y geopolítico concreto. Esto no quiere decir que el proceso sea «burgués». Por cuestiones de tiempo y espacio no entro en lo que sin duda podrían ser reducciones, simplemente constato lo que cualquier análisis sociológico refleja: las clases más privilegiadas están por la independencia. O si se prefiere, las clases más privilegiadas están, también, y con más entusiasmo, por la independencia. Dicho esto, la imagen de desborde social los días siguientes el 1-O parece inequívoca.

Aunque pueda parecer una obviedad, no está de más recordar que las élites españolas y catalanas históricamente han hecho gala de su instinto de clase anteponiendo sus intereses económicos compartidos a las diferencias culturales, por ejemplo. Sin necesidad de remontarnos a Cambó, valga como ejemplo el Pacto del Majestic en el que, en 1996, el hoy defenestrado Jordi Pujol conseguía el gobierno en Cataluña, más competencias y la cabeza de Vidal-Quadras a cambio de darle el gobierno a Aznar. Más allá del resultado final del proceso, se llegue a algún pacto o no, parece difícil que la ruptura quede en una anécdota. Se están intentando encarcelar a los políticos con los que hace no mucho se aprobaban presupuestos. Cuando se pierde el consentimiento aparece la otra cara del poder: la fuerza, la coerción, esas fuerzas de seguridad dando porrazos y decomisando alijos de urnas y papeletas.

Señalar estos apuntes no puede servir de coartada para inhibirse del movimiento. Que el árbitro sea malo no puede ser una excusa para no acudir al partido, máxime cuando siempre hemos jugado en campo contrario y con el árbitro comprado. Sin embargo, ir más allá de los análisis abstractos y genéricos (democracia, libertad, voluntad, etc.) puede servir para situar mejor un proceso complejo, dialéctico y contradictorio. Aunque estamos ante un conflicto de siglos, con una base histórica y culturalmente arraigado, la crisis económica y la disgregación del bloque histórico de poder no son detalles menores. Esto no significa que esa inmensa mayoría social catalana que aboga por el referéndum ni esa parte importante que defiende directamente la independencia sean un ejército de zombis manipulados (¡no como nosotros!). Sin embargo, detrás de una mirada estrictamente «subjetivista» existen unas condiciones económicas y materiales sin las cuales sería difícil entender la crisis catalana.

Llegados a este punto, cabría hacerse de nuevo una de las grandes preguntas: ¿dónde está el poder? Si está en Madrid, ya sea en la banca o en el propio Congreso de los Diputados, tiene sentido iniciar un proceso independentista en clave soberanista. La soberanía implica la capacidad de un pueblo para regir su propio destino, también –y quizá principalmente– en el ámbito económico. Para un libre y profundo desarrollo de los derechos relacionados con la democracia formal, vinculada principalmente con los procedimientos, se necesitan condiciones económicas y materiales: democracia material. Para un sintecho no hay libertad ni democracia que valga. A veces se nos olvida que España está enmarcada en un contexto geopolítico concreto y bien definido: la Unión Europea subordinada al capital alemán y subordinada, al mismo tiempo, a los intereses geoestratégicos de EEUU. Los países del sur son poco más que protectorados, ¿o acaso la tragedia griega no ha servido para nada? El proceso catalán puede ser defendido de manera impecable desde argumentos democratistas, pero si únicamente consiste en una «libre elección de amos» más que de un derecho de autodeterminación en el sentido profundo del término se tratará de mero secesionismo.

La cuestión federal española está atravesada por dos cuestiones fundamentales: las diferencias culturales y las diferencias económicas entre territorios. Un federalismo que se precie debe cuidar esas diferencias culturales asumiendo que en distintas épocas han sido reprimidas y precisamente por ello se ha generado una actitud necesariamente defensiva en ocasiones. Al mismo tiempo, se debe poner el acento en el carácter solidario de dicho federalismo. Esas diferencias no pueden servir de coartada cultural para legitimar posturas insolidarias que acaben en un norte confederado y en un sur a una segunda velocidad. Dicho de manera simplista: sin una alianza entre el pueblo catalán y el pueblo andaluz no hay salida democrática y con justicia social posible a la cuestión territorial española. Esto necesita una reorientación del marco de debate tanto en Cataluña como en el resto del Estado.

La tarea estratégica de la izquierda es la construcción de un nuevo bloque histórico ante la proletarización de las llamadas clases medias, el surgimiento de un nuevo proletariado urbano y los cambios introducidos por un «capitalismo app» que poco tiene que ver con el capitalismo fordista. Este bloque histórico, para que sea tal, no puede quedarse en una mera alianza de clases, debe dotarse de un proyecto ético-político, de una visión del mundo propia y autónoma. Los intereses corporativos como clases, subclases o sectores sociales deben ser elevados en una mirada universal. Esto pasa por construir una visión compartida de país. Es el gran reto de una izquierda que perdió el concepto de España en 1939 y ha sido incapaz de construir un proyecto «nacional-popular». Una estrategia política certera exige del reconocimiento exhaustivo de las particularidades nacionales. Ante el inminente surgimiento de un proyecto plurinacional-popular debemos insistir en lo popular porque nadie más lo hará y el margen de debate es ínfimo. Es lo que nos diferencia de quienes intentan iniciar en Europa un repliegue nacional ante el fracaso de la globalización: la confianza real en el pueblo.

Francisco Fernández Buey escribió en 1997: «La hipótesis de partida es la siguiente: no habrá en España una alternativa de izquierdas renovada que no sea federalista en lo cultural, confederal en lo organizativo y moralmente sensible a las diferencias de las distintas nacionalidades y regiones». 20 años después a mí no se me ocurre otra fórmula viable. 

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